¿Presunta prevaricación? e impunidad. Reflexiones sobre el concepto a la luz de algunos casos

Un trabajador de la limpieza sufre un accidente a consecuencia del cual tres de los cinco dedos de su mano derecha quedan atrofiados, y solamente puede hacer pinza con pulgar e índice, siendo una situación irreversible y sin cura. Se le abre un expediente de incapacidad permanente y se le deniega, aduciéndose que puede seguir trabajando como limpiador. El Equipo de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social emitió su informe preceptivo donde decía que estaba incapacitado para las tareas que requiriesen bimanualidad y esfuerzos con la mano derecha. Siendo limpiador, es obvio que su trabajo exige bimanualidad (coger la escoba, la fregona…) y esfuerzos con la mano derecha para coger la balleta y el resto de útiles de limpieza, frotándolos sobre las superficies a limpiar. Pero le deniegan la incapacidad pese a que el propio informe interno de la Seguridad Social plasma la imposibilidad de realizar su trabajo.

Cuando hablas con otros abogados que se dedican a esto y tienen una cierta edad, te dicen que las situaciones como la descrita se están generalizando. No es ya que muchas veces la Seguridad Social maquille sus informes internos para denegar incapacidades. Es que las deniega incluso cuando dichos informes concluyen que debe darse. Esos mismos abogados te dicen que hace 20 años las incapacidades se concedían a quien se las merecía, pero a raíz de la crisis económica se ha dado la orden de que no se otorguen bajo ningún concepto. Y se quejan de que muchos jueces siguen ese mismo criterio cuando el trabajador demanda contra la denegación. Un abogado a quien conozco se ha querellado contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por este motivo www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/11/23/denuncian-tres-magistrad No obstante, tengo entendido que la querella se archivó.

Vamos a otro caso. La asociación de interinos docentes AIDMUR gana en el Tribunal Supremo una sentencia que obliga a la Consejería de Educación murciana a pagar los veranos a miles de interinos que, ilegalmente, eran despedidos en junio para volver a ser contratados en septiembre curso tras curso. Los afiliados de AIDMUR comienzan a presentar sus reclamaciones individuales para que la consejería se las tramite y les pague el verano. Ni una sola ha sido tramitada hasta la fecha, pese a haber transcurrido siete meses. Sin embargo, los afiliados de otra asociación (SIDEMUR) presentaron idéntica reclamación, y al mes siguiente les fue admitida a trámite transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/Consejo_Gobierno/2018-10-

No hay razón humanamente comprensible para que quien reclama con AIDMUR (tan odiada por la consejera a raíz de la sentencia) vea metido en un cajón por los siglos de los siglos su escrito, mientras que quien reclama por otra vía consiga su admisión a trámite en 1 mes. Y es que las reclamaciones interpuestas por los socios de AIDMUR llevaban el logo de la asociación en la primera página…y eran fácilmente identificables.

¿Quién comete prevaricación? Según el art. 404 del Código Penal, lo hace la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Igualmente existe la prevaricación omisiva, protagonizada por la autoridad que, arbitrariamente, se niega a dictar una resolución o tramitar un expediente pese a ser su deber.

La dificultad de este delito se encuentra en demostrar que la autoridad actúa “a sabiendas de su injusticia”. Ese elemento subjetivo, no obstante, es fácil de acreditar cuando un informe oficial le dice a la autoridad que algo es blanco y ella plasma en su resolución que es negro. O cuando discrimina a un ciudadano imponiéndole una diferencia de trato negativa, diferencia de trato que no sufren otros en su misma situación y que, por tanto, sólo puede explicarse si le tiene manía.

La prevaricación, a veces, es difícil de probar. Pero muchas otras está clara…y no se persigue. Escuchando las grabaciones de Villarejo, se entiende más fácilmente. Desde Fernández de la Vega a altos cargos del PP…todos ellos conciben al Poder Judicial como sus mamporreros. Y, por lo que dicen en las grabaciones, parece que con razón (sin perjuicio de que haya muchos jueces honestos…pero la falta de independencia judicial en España provoca que, según afirman estos políticos en privado, otros no lo sean, sobre todo en las altas instancias judiciales).

No hay nada más triste que dejar de perseguir la prevaricación porque la “razón de Estado” exige que se prevarique. Esto provoca una nueva prevaricación por parte de las autoridades que debían combatirla, y generaliza la podredumbre. Con las demoledoras consecuencias para la dignidad de los ciudadanos…como por ejemplo aquel que se encuentra incapacitado para trabajar, sin pensión ni posibilidades de ganarse la vida, todo porque la Seguridad Social le ha denegado su prestación a pesar de que en sus propios informes oficiales se establecía que debía dársela.

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